Contra el Cierre de Páginas Web

Parece que poco a poco, y pese a la más que probable oposición de «algunos», se van a poner las cosas en su sitio.

Y es que una ley que, a parte de ruidosa, no es constitucional no tiene futuro, por suerte. Escribo, nada más y nada menos, sobre los proyectos legislativos del Gobierno para permitir el cierre de páginas web o la retirada de algunos de sus contenidos sin una sentencia judicial.

Leo en la Vanguardia, que el Consejo Fiscal, ha aprobado por unanimidad un informe crítico respecto a este proyecto legislativo. Dicho informe  dictamina que hay un primer problema de concepto en los planes elaborados por el Ejecutivo, y es que trata de proteger la propiedad intelectual equiparándola a los derechos fundamentales de las personas.

Pero el informe objeta incluso la estructura de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI), que de hecho no está definida, o el hecho de que ésta pueda requerir datos para identificar a los responsables de las supuestas infracciones de los derechos de propiedad intelectual sin «autorización judicial previa».

Lo que viene a significar, a mi entender, que el anteproyecto propone que esta Comisión tenga los poderes de investigar, detener, juzgar y sentenciar a los supuestos infractores. Una suma de lo que para otros tipos de delitos hacen policía, fiscalía y judicatura…

La noticia viene rematada por una frase lapidatoria:

Lo que en ningún supuesto puede recabar la CPI, ni puede ser proporcionado por los prestadores de servicios de la sociedad de la información son informaciones referidas a comunicaciones privadas que puedan afectar al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones». Estos datos «requieren ineludiblemente autorización judicial».

Acceso a la noticia: La Fiscalía pone objeciones al cierre de páginas web